Colombia no tiene un problema de tecnología en su gobierno digital. Tiene un problema de acuerdo.
Las piezas ya existen y funcionan: Cédula Digital, Carpeta Ciudadana y el Marco de Interoperabilidad. Cada una cumple lo que promete por separado. El problema aparece cuando se miran juntas: no se hablan entre sí, y el costo de esa desconexión no lo paga el Estado. Lo paga el ciudadano, cada vez que vuelve a entregar un documento que el Estado ya tiene guardado.
Sobre eso escribí mi primera columna en Impacto TIC, en la sección VocesTIC.
El argumento en corto
- Los activos ya están construidos. La discusión no es qué comprar, sino qué conectar. Eso cambia el tipo de decisión: deja de ser una compra y pasa a ser un acuerdo.
- Falta una pieza concreta: un servicio público de e-KYC. Un mecanismo común de verificación de identidad que cualquier entidad pueda consumir, en vez de que cada una resuelva lo mismo por su cuenta.
- Y falta hacer exigible el principio Once Only. Que el ciudadano entregue un dato una sola vez y el Estado lo reutilice internamente. Sin eso, la interoperabilidad se queda en documento técnico.
- Ponerse de acuerdo en lo fundamental no es un trámite previo: es el trabajo. Es la parte que no se delega en un contrato y la que más proyectos se salta.
Lo que no alcanzó a caber en la columna
Un acuerdo de este tipo no se firma en una mesa técnica. Tiene un costo político concreto: cada entidad que deja de pedirle un documento al ciudadano pierde una razón para existir en ese trámite, y las instituciones rara vez ceden eso sin algo a cambio. Ese —y no la arquitectura— es el problema difícil.
Es también la razón por la que la pregunta que me interesa no es cuánta tecnología falta, sino por qué tantos proyectos de tecnología pública se anuncian bien, se contratan bien y no funcionan.